¿ EDUCAR O EDUCARNOS?

La asignatura Educación para la ciudadanía, tal como está concebida y establecida, responde a una concreta concepción particular moral y antropológica. Pero en cuestiones de esa índole las autoridades públicas están obligadas a respetar escrupulosamente la pluralidad a la que da lugar el ejercicio de las libertades ideológica, religiosa y de enseñanza, así como, muy en concreto, el derecho de los padres a decidir qué formación moral han de recibir sus hijos. Imponer a todos como obligatoria esa materia supone conculcar esas libertades, vulnerar ese derecho. Es más: aun cuando se limitara a ofrecer esa materia como opcional, la autoridad pública ya sólo con eso favorecería a la concreta opción particular que la inspira y dejaría de guardar la imparcialidad a la que está estrictamente obligada para asegurar a todos los ciudadanos el ejercicio de sus libertades en pie de igualdad.
No cabe duda de que, con esa mera oferta ya se tomaría partido, se pondría todo el peso del poder y sus medios a favor de una línea moral concreta que quedaría así oficializada. ¿Y las otras? El poder no puede legítimamente imponer ni aun favorecer ninguna opción, ni aun cuando fuera la mayoritaria, ni aun cuando fuera la católica. Por las mismas razones que nuestra Constitución establece que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», hemos de repetir que ninguna moral tendrá carácter estatal.

En juego, la libertad
Estos días, algunos sabios nos recuerdan que el derecho de los padres no es absoluto.Ya lo sabíamos. Es más: hay padres que maltratan a sus hijos y son tan desastrosos que pueden merecer que se les prive de la patria potestad (por vía judicial, claro).